2020 ha sido el año en que el sector de bienes de equipo eléctrico demostró ser esencial e imprescindible para mantener el suministro de las redes y de las infraestructuras indispensables para la economía y la sociedad. Durante el confinamiento a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, todo tipo de servicios críticos aseguraron la continuidad de sus sistemas eléctricos gracias a los operadores de transporte y distribución y a los de generación eléctrica, a quienes sus proveedores de tecnología facilitaron los suministros esenciales para que la infraestructura eléctrica española no haya sufrido disrupción alguna durante este periodo crítico que continuamos viviendo.
Así, el sector dio soporte con sus productos a todos los operadores del sistema de transporte y distribución (incluidas las pequeñas compañías distribuidoras locales), junto a los operadores de generación eléctrica renovable y convencional e instaladores y otros clientes que permitieron dotar de energía eléctrica a grandes consumidores como hospitales, supermercados, aeropuertos o incluso el hospital de IFEMA y otras muchas infraestructuras sanitarias implementadas en tiempo record, que en su momento fueron, y continúan tan imprescindibles y cruciales exigiendo una calidad y continuidad ejemplar del servicio eléctrico.
Esto fue posible gracias al esfuerzo que se está llevando a cabo en España por parte de los operadores del sistema para contar con una red eléctrica resiliente y un sector tecnológico potente, competitivo y de altísima cualificación. En los últimos 10 años, se han logrado enormes avances en la mayoría de los sectores de la transición energética que han desarrollado nuevas tecnologías digitales y cadenas de valor potentes, reduciendo además significativamente el coste de la transición, para adaptarse a los nuevos avances tecnológicos como los vehículos de cero emisiones y sus infraestructuras de recarga, así como los sistemas digitales asociados que permiten hacer factible el rol activo de los consumidores a través del despliegue de la generación distribuida.
Aprobación de la Ley de cambio climático y aumento significativo del límite para la inversión en activos de distribución, las medidas más relevantes para relanzar la economía
Este año también hemos asistido a diversos cambios regulatorios. La implementación del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC), los objetivos de penetración de fuentes renovables (especialmente eólica y fotovoltaica) y la “democratización” del sistema eléctrico con la facilitación del autoconsumo y el empoderamiento del consumidor se han configurado como los nuevos desafíos a afrontar por parte de la que cada vez debe ser más inteligente red de distribución de media y baja tensión.
Con la llegada de la nueva normalidad, se ha hecho más patente la posibilidad de relanzar la economía tras la COVID-19 apostando por aquellos segmentos que fueran capaces de desencadenar nuevos modelos económicos sin renunciar a los objetivos climáticos ni a los planes para la necesaria transición energética. La transición a una economía climáticamente neutra debe basarse en la utilización de los recursos renovables, que comportan indefectiblemente un traspaso decidido de toda la economía hacia el único vector energético susceptible de sustentarse únicamente en fuentes ecológicamente neutras: el vector eléctrico.
Por este motivo, en mayo pasado la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) presentó al Gobierno una propuesta de 18 medidas que podrían incentivar la inversión en el tejido eléctrico español, ya que este posee el potencial de generar empleo altamente cualificado y de calidad y sustentar el crecimiento económico mejorando el mix energético hacia la descarbonización, sin renunciar a los altos estándares de calidad de servicio a los que los consumidores españoles estamos acostumbrados.
Entre las medidas específicas para el entramado eléctrico español (integrado por operadores de transporte y distribución, proveedores de tecnología de red y toda su cadena de valor y proveedores de soluciones y sistemas inteligentes), destacaba la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Por ello, la tramitación cada vez más urgente de la aprobación de dicha Ley traerá consigo la reactivación de sectores de alto valor añadido con contenido nacional, a la vez que impulsará la electrificación de la economía con la consiguiente necesidad de inversión en el refuerzo y digitalización de la infraestructura eléctrica.
La segunda medida específica más relevante es el aumento de al menos un 30% del límite regulado para la inversión en activos de distribución para así poder gestionar un alto grado de integración de fuentes renovables embebidas en todos sus niveles de tensión, al tiempo que soportar las solicitudes de nuevos consumos y servicios como recarga inteligente de vehículos, servicios de flexibilidad, agregación y gestión de la demanda.
Un tercer grupo de medidas propuestas por AFBEL lo constituyen la agilización y reducción de plazos del proceso administrativo para la instalación de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, así como para la instalación de puntos de acceso público de recarga del vehículo eléctrico. Otras medidas que entran en este apartado son la promoción de la renovación del parque de sistemas de alimentación ininterrumpida, atenuación responsable del término potencia en puntos de carga rápida del vehículo eléctrico y extremar los mecanismos de vigilancia de mercado para garantizar la legislación vigente en cuanto a Eco diseño, Modelo de Uso, etc.
Ninguna de todas estas medidas propuestas implica coste alguno para las administraciones públicas.
En cuanto a medidas que requieren inversión pública, destacan un plan para renovar transformadores de más de 25 años por maquinas más eficientes de última generación, ayudas fiscales para la exportación de productos fabricados en España; así como incentivos a los programas de I+D+i relacionados con la potenciación de energía segura, limpia y eficiente y la movilidad sostenible.
Nuevas iniciativas de empresas tractoras que arrastren hacia la nueva economía verde
El próximo año 2021 llega con nuevas incertidumbres y en un momento de crisis global sin precedentes. La industria española de bienes de equipo eléctrico sigue exhibiendo un fuerte efecto tractor sobre su cadena de valor nacional y la economía local, dada su elevada inversión en I+D, casi dos veces superior respecto a la media de la industria manufacturera, especialmente en sectores estratégicos en un futuro cada vez más digital y eléctrico.
Relanzar y preparar a la industria y a la sociedad para la nueva economía mundial, más sostenible, digital, eficiente y resiliente, es primordial ante la severidad de la crisis económica provocada por la pandemia. Por este motivo, los fabricantes agrupados en AFBEL proponen una oportunidad industrial real para el relanzamiento de la economía en la era post-COVID y demandan un marco regulatorio ambicioso y adecuado al momento que estamos viviendo que sea capaz de facilitar la transición energética.
La industria española del sector dispone del conocimiento, de la tecnología y de la cadena de valor nacional para realizar dicha transformación energética, económica y social contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. La cadena de valor nacional asociada representa, en tecnología y productos, más del 65% de las inversiones en renovables y del 90% del de las redes.
Antes de la irrupción de la COVID-19 se calculaba una inversión en redes en España de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 mientras que la generación renovable traería consigo inversiones adicionales cercanas a los 7.000 millones de euros en equipos eléctricos por la descarbonización, la modernización y digitalización. Según estas cifras, la comercialización de equipos eléctricos derivados de las inversiones en redes y nueva generación renovable pasaría de 25.000 millones de euros a 32.000 millones según el estudio realizado por Monitor Deloitte para AFBEL.
También es necesario destacar que este sector se ha enfrentado a una bajada de la rentabilidad y competitividad ya que sus precios se han mantenido estables pese a la bajada de productividad y al incremento de las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. Por otra parte, las extraordinarias inversiones en logística y, en paralelo, la volatilidad del precio de las materias primas ha provocado un aumento considerable de los costes en un sector de márgenes ajustados.
El paso de proyectos pilotos a despliegues masivos de la tecnología de red contribuirá decisivamente no sólo a la recuperación de este sector sino también de la economía y de nuestro tejido productivo. Hay que destacar que la industria española de bienes de equipo tiene un fuerte componente exportador que comparte liderazgo internacional con sus homólogos de los países tractores de Europa.
Como ante cualquier crisis, la recuperación económica sólo puede venir con inversiones masivas para proteger y crear empleos cualificados y de calidad apoyando a todas las regiones sin excepción, a sus empresas y sub-sectores. Los fabricantes de bienes de equipos eléctrico de media y alta tensión se encuentran en disposición de afrontar la recuperación con la capacitación y solvencia suficientes para contribuir a aliviar los efectos negativos que la pandemia sigue ocasionando en nuestra economía.
En definitiva, el avance hacia descarbonización global, alcanzando los objetivos de 2030 y 2050 y consiguiendo los niveles más altos de eficiencia energética, podrá ser una realidad si, y solo si, se incorpora una mayor penetración del vector energético eléctrico, con la integración de más renovables y la necesaria adaptación de las redes en inteligencia y resiliencia. La electrificación de los usos finales beneficia a los ciudadanos y al tejido industrial español contribuyendo además a la mejora de la calidad del aire en nuestros municipios asegurando un futuro más sostenible a las generaciones venideras.
