Cerca de 500 licitaciones por más de 230 millones se han quedado desiertas en dos meses
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado a través de una resolución la aplicación de la revisión de precios en los contratos nuevos de obra ante la pronunciada escalada de los precios de los materiales de construcción. De este modo, el departamento que dirige Raquel Sánchez extiende la medida, que ya adoptó después del pasado verano Adif, a todos sus ámbitos de actuación, entre los que figuran, además del propio gestor ferroviario, la Dirección General de Carreteras (DGC), Aena, Puertos o Renfe, entre otras.
La decisión entró en vigor a finales del pasado mes de diciembre, de manera que todos los contratos licitados por Transportes desde entonces deberán incluir la revisión de precios. La resolución, a la que ha tenido acceso ‘elEconomista’, está firmada por la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. En la misma resuelve que «en los pliegos de los contratos de obras que, a partir de esta fecha, se liciten en el ámbito de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, podrá reconocerse al contratista el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios aplicando la fórmula de revisión que corresponda». «Para cumplir con la exigencia de justificación establecida en el artículo 103.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será suficiente que el pliego se remita a esta resolución», añade. Así, continúa, «se deja sin efecto la resolución de 22 de abril de 2013, de la entonces Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, sobre improcedencia de la revisión de precios en los contratos de obra y servicios».
Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del incremento notable en el precio de las materias primas
Con ello, el Ministerio de Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del «incremento notable en el precio de algunas de las materias primas empleadas para la construcción de las obras públicas» que se viene produciendo desde hace algunos meses. Con la medida, explica Pardo de Vera, «se pretende dotar a los nuevos contratos de obras de un marco jurídico que permita ajustar los precios a las fluctuaciones actuales del mercado, lo que previsiblemente contribuirá a que las obras se ejecuten en el plazo pactado, aspecto este que es relevante en general, pero muy especialmente para las obras que vayan a firmarse en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia».
Por tanto, las nuevas licitaciones del Ministerio y sus empresa públicas desde finales de diciembre deberán incluir la cláusula de revisión de precios, de manera que los contratos se irán ajustando, a la baja o al alza, en función de la evolución que arroje la fórmula.
Esta resolución es un paso en la línea de las demandas del sector, pero aún hay una mayoría de Administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o las corporaciones locales, que no han aprobado la revisión de precios para sus nuevos pliegos de contratación pública. De hecho, ante ello, en los últimos dos meses cerca de 500 licitaciones con un valor conjunto que supera los 230 millones de euros han quedado desiertas, según denunció este jueves la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Unas cifras que crecen día a día, según advirtió Pedro Fernández Alén, presidente de la organización que reclama la inclusión de un sistema automático de reequilibrio económico en las licitaciones y la adecuación de los precios a la realidad del mercado. Hasta el momento, Cataluña lidera la estadística, con 200 concursos desiertos por 50,4 millones de euros, seguida de Galicia, con 96 por 20,6 millones, Andalucía, con 46 por 35,1 millones, la Comunidad Valencia, con 32 por 26 millones, y País Vasco, con 24 por 9,5 millones. También destaca Asturias, con 10 proyectos sin ofertas por 41,3 millones. A esta problemática se suma el descenso de la concurrencia de empresas en muchas liciataciones.
Impacto en los fondos de la UE
Y más grave aún es la situación de los contratos en curso. Según la CNC, hasta octubre pasado, el alza de precios de los materiales y la crisis de suministros ha llevado a cuatro de cada diez empresas a abandonar, paralizar o ralentizar sus obras, confirmando así la información adelantada por este diario este jueves. Desde entonces, «la situación a nivel global se ha agravado», alerta la patronal. Para estas obras el sector lleva meses solicitando igualmente la revisión de precios, pero por ahora la normativa para la aplicación de mecanismos de compensación se mantiene atascada en el Ministerio de Economía.
Todo ello ya está poniendo en riesgo, según la CNC, la ejecución de los fondos europeos, con el consecuente impacto en la recuperación económica de España.
FUENTE: JAVIER MESONES – EL ECONOMISTA
