Por Guillermo Amann, Presidente Asamblea General de AFBEL, para El Periódico de la Energía
La convulsión internacional provocada por la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso pone de relieve la necesidad de mejorar la seguridad energética de Europa a través de la minimización de la dependencia de las fuentes primarias
Este conflicto es un claro ejemplo de los vínculos enmarañados entre los sistemas energéticos y la seguridad nacional, y demuestra vívidamente los costos sociales y económicos de impulsar el uso de combustibles fósiles. La independencia energética europea solo se puede conseguir, dado el estado actual de la tecnología, con la intensificación de la generación mediante energías renovables lo antes posible.
Este reto ya estaba en la agenda de la UE y los gobiernos nacionales, por la cuestión medioambiental de la lucha contra el cambio climático, pero la crisis global generada por el conflicto no ha hecho más que mostrarnos la vulnerabilidad de Europa y la necesidad imperiosa de trabajar a contra reloj para caminar mucho más rápidamente hacia la autosuficiencia energética. Basta como ejemplo las palabras del ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, quien llamó recientemente a las energías renovables «energías de libertad«.
Es un hecho que la Unión Europea depende de Rusia para el suministro de energía, ya que importa de ese país; el 41% del gas natural y el 27% del petróleo que consume. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró hace unos pocos días en Berlín su deseo de que Europa deje de depender de Rusia, diversifique sus fuentes de energía y acelere su inversión en energías renovables.
El pasado 3 de marzo, en respuesta a los impactos en el mercado energético de la invasión rusa de Ucrania, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un plan de propuestas para reducir la dependencia de la UE del gas natural ruso en más de un tercio en un solo año. Entre las acciones inmediatas propuestas de la AIE se incluyen aquellas que específicamente inciden en el corto plazo como son las relativas a no firmar nuevos contratos de suministro de gas con Rusia, reemplazar los suministros rusos con gas de fuentes alternativas o introducir obligaciones mínimas de almacenamiento de gas para mejorar la resiliencia del mercado. Pero también proponen que Europa acelere el despliegue de nuevos proyectos eólicos y solares.
La Comisión, y todos los actores involucrados, sabemos que el mayor cuello de botella para la expansión de las energías renovables son las complejas normas y procedimientos que existen en toda Europa para la concesión de permisos de nueva energía eólica y solar. Hacer cumplir los plazos de la UE para las decisiones de permisos que entraron en vigor hace muchos meses es de suma importancia ahora más que nunca. Al igual que lo será la próxima orientación de la Comisión a los Estados miembros sobre cómo pueden simplificar exactamente sus procesos de concesión de permisos.
No tenemos que olvidar que el despliegue de las energías renovables requiere enormes niveles de nuevas inversiones. Esto, a su vez, requiere inequívocamente la imprescindible estabilidad regulatoria que no ahuyente la inversión. Las normas europeas del mercado de la electricidad proporcionan esa estabilidad. Manipularlos, por ejemplo, permitiendo que los gobiernos cambien las reglas sobre cómo se fijan los precios, eliminaría esa estabilidad y congelaría las inversiones con el consiguiente impacto nefasto sobre toda la cadena de valor mayoritariamente “made in Europe”. Esto significaría no solamente menos energías renovables sino un frenazo significativo a los sectores como el de bienes de equipo eléctrico tan consolidado en nuestro país.
La promulgación de medidas a corto plazo debe ir encaminada fundamentalmente a la protección frente a altos precios de los consumidores de electricidad vulnerables y no al intervencionismo en el mercado.
El esperado documento que está elaborando la Comisión Europea sobre los precios de la energía deberá ser una gran oportunidad para trazar el curso que dará lugar a la rápida expansión de las energías renovables y la seguridad energética y eso pasa por una inequívoca estabilidad regulatoria que no ponga en peligro las inversiones necesarias para consolidar un sistema eléctrico basado en fuentes de generación autóctonas.
