Ingenieros de energías renovables, electricidad o medio ambiente, instaladores, montadores y abogados especializados en regulación son profesionales clave para alcanzar la descarbonización
Si hacemos caso a informes de diferentes organizaciones sobre el futuro del empleo que va a generar la transición hacia una economía más verde, nos encontramos con una ensalada de cifras en la que el denominador común es que todas son elevadas y tienen muchos ceros.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) estima que se crearán 38 millones de puestos de trabajo a nivel global sólo en energías renovables y 74 millones de empleos relacionados con eficiencia energética, vehículos eléctricos e hidrógeno, todos ellos sectores de futuro pero que ya han despegado. Por lo que se refiere a España, calcula que el sector podría generar un total de 468.000 empleos a lo largo de la década, especialmente en las áreas de energía solar y eólica y sobre todo en Andalucía, Castilla y León y Aragón.
Ya hace tiempo que la ONU estimó en 12 billones de dólares las oportunidades de negocio que abre la sostenibilidad, que podrían generar 800 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo.
Plan Nacional
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé un aumento neto en el empleo de entre 253.000 y 348.000 personas por año en España en el sector, unos 130.000 puestos de trabajo en el segmento de las renovables y hasta 100.000 en eficiencia energética.
Más cifras. El Foro para la Electrificación dice que las energías renovables darán empleo a ocho millones de personas en los próximos siete años en energías renovables, adicionales a los seis millones actuales, y estima para España una empleabilidad para los profesionales especializados cercana al 100% de aquí a diez años. Aunque para que esto ocurra tiene que ser realidad “que los países de todo el mundo cumplan plenamente los compromisos anunciados en materia de energía y clima”.
Desde el mismo Foro se asegura que “ser experto en energías renovables es una gran oportunidad laboral y una opción de futuro para los jóvenes que deciden ahora su carrera”. Según sus datos, en esta década van a hacer faltagraduados en Ingeniería de Energías Renovables, Electricidad, Informática, Medio Ambiente y Telecomunicaciones. Además de profesionales cualificados en instalación y mantenimiento eléctrico y fotovoltaico, mecatrónica (armonizar componentes electrónicos y mecánicos a partir de la informática, la mecánica, los sistemas de control y la electrónica), programadores de Scadas (herramienta de automatización y control industrial) y también abogados especialistas en aplicación de normativas, dada la cascada de nuevas regulaciones a nivel europeo, nacional y autonómico.
Prueba de la necesidad de profesionales verdes es que el 80% de las empresas y el 69% de los municipios encuestados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en su EIB Investment Report afirman que carecen de profesionales con habilidades de evaluación ambiental y climática.
Trabajo híbrido
No sólo el tipo de profesionales requeridos va a ser clave en la descarbonización, también la forma en que éstos desarrollen sus tareas. El trabajo híbrido podría llegar a reducir las emisiones de carbono hasta en un 70%, según un estudio de IWG llevado a cabo en ciudadescomoLondres (donde la reducción sería del 49%) o Atlanta (del 90%). Ya que “un desplazamiento habitual de cinco días por semana al centro es lo que más emisiones de carbono genera”. En España, según datos de la OCU, el 47% de los ciudadanos usaba el coche el año pasado para asistir al trabajo.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, UNE ha puesto en marcha el foro MEN “Mujeres en la Normalización”, un espacio en el que se ha debatido y reflexionado sobre cómo se puede potenciar la presencia de las mujeres en esta actividad.
Para lograr el progreso compartido, UNE considera primordial crear un mundo más igualitario, donde la visión y la voz de las mujeres estén presentes en todos los ámbitos porque solo así se podrá dar respuesta de manera eficaz a los retos y desafíos a los que hay que hacer frente como sociedad.
En este primer encuentro, que se ha celebrado en la sede de UNE, han participado algunas de las mujeres que forman parte la Junta Directiva y del Comité de Dirección, quienes han estado acompañadas por el director general de UNE y vicepresidente de ISO, Javier García; y parte del equipo directivo de la Asociación: Paloma García, Virginia Vidal, Nuria Alcañiz y Vanesa Guerrero, además de Natalia Ortiz.
En concreto, han compartido su visión y perspectivas: Mar Duque, de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL); Marta San Román, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC); Sandra Correal, de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP); Rosa Sánchez y Pilar Ayuso, de la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial (BEQUINOR); Pilar López, de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE); Begoña Beltrán, del Consejo Intertextil Español (CIE); Ana María García, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF); Sonia Pomar, de la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor (FEGECA); Alicia García-Franco, de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER); Gloria Lázaro, de la Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR); y María Moreno, de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).
Las asociaciones ADEMI y AFBEL muestran su preocupación ante el potencial impacto negativo en el despliegue de infraestructuras eléctricas en curso, proponiendo unificación de criterios en las retribuciones
La Asociación de Bienes de Equipo Eléctrico (AFBEL) y la Asociación de Empresas de Ingeniería, Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales (ADEMI) observan con gran preocupación que la propuesta de modificación del mercado eléctrico europeo por parte del Gobierno derive en una falta de estabilidad regulatoria, y proponen una unificación de criterios a la hora de justificar inversiones y gastos en las próximas inspecciones.
Además, ambas asociaciones se suman a la reacción del sector renovable de garantizar la estabilidad regulatoria como pilar esencial para la seguridad jurídica de los inversores, absolutamente necesaria para disipar la amenaza que están sufriendo este tipo de inversiones.
La falta de un marco regulatorio estable pone en peligro la llegada de las inversiones necesarias para disponer de infraestructuras eléctricas sólidas, modernas, avanzadas y altamente digitalizadas con las que afrontar situaciones extremas, tanto climáticas como otras posibles situaciones (sanitarias recientemente) que se puedan dar en el futuro.
Los sectores de ingeniería, montajes, mantenimientos y servicios industriales y de fabricantes de bienes de equipo eléctrico son un eslabón fundamental en la industria del país; pues todos los proyectos y el mantenimiento de infraestructuras, generación de energía, distribución, etc. pasan por las empresas que conforman ADEMI y AFBEL.
Estas dos patronales cuentan con una mano de obra de alta cualificación que conlleva un periodo largo de formación, y su destrucción no se puede solucionar a corto/medio plazo. De las pasadas crisis hemos aprendido el valor que tiene el proveedor local para nuestra supervivencia, y este tipo de incertidumbre jurídica podría destruir este tejido empresarial produciendo una situación de no retorno.
El Gobierno español ha presentado a la Comisión Europea una propuesta de modificación del mercado eléctrico, para toda Europa, sin un debate técnico en profundidad con todos los actores involucrados. Esta propuesta ofrece cambios de calado que puede afectar a muchas instalaciones infra marginales en operación, y a sus contratos con clientes, y que puede comprometer las inversiones en futuras instalaciones de estas características. Aunque la propuesta no entra en los detalles y por tanto es difícil valorar dicha afección, ADEMI y AFBEL temen que las decisiones de inversión en nuevas instalaciones puedan verse seriamente afectadas, con el consiguiente parón de sus actividades.
Para ADEMI y AFBEL, sin electrificación no hay transición energética, y sin inversión en refuerzo y digitalización de la red no es posible una electrificación renovable, descarbonizada, digitalizada y social.
Propone el desarrollo de mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país
El mercado diario funcionará como hasta ahora, pero los generadores se regirán por contratos que reflejen el coste medio del suministro
En tanto se implementa la reforma del mercado eléctrico comunitario, España y Portugal solicitarán la prórroga del Mecanismo Ibérico
El Consejo de Ministros ha abordado la propuesta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para reformar el mercado eléctrico europeo, al objeto de rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando en todo momento la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores. La propuesta se remitirá a la Comisión Europea para que sea analizada por las instituciones comunitarias dentro del proceso de transformación de los mercados energéticos desencadenado por la guerra en Ucrania.
Basada en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región, la propuesta permite solucionar los problemas del diseño actual: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión.
Fomento de los mercados y la contratación a plazo
Un mercado a plazo aportará una estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros, estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores.
Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.
Mercados de capacidad
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación.
España, en suma, propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. En tanto se materializa, España y Portugal van a proponer la extensión del Mecanismo Ibérico para seguir protegiendo a los consumidores del ineficiente diseño actual.
Guillermo Amann, portavoz del Foro para la Electrificación ha moderado el webinar ‘Conscious Business: Gastronomía y electrificación. El futuro de la gastronomía sostenible’, en el que han participado Bosco López Landa, Paco García, Nil Rosique, Carmelo San Martín y Sergio Martín de las Heras
El Foro para la Electrificación ha celebrado ‘Conscious Business: Gastronomía y electrificación. El futuro de la gastronomía sostenible’, un webinar donde profesionales destacados han profundizado sobre las etapas y procesos necesarios, a lo largo de toda la cadena de valor, para que la comida llegue a nuestros platos de forma sostenible.
En esta jornada, desde el prisma de los ODS, se han abordado las evoluciones que se están implementando en este sector, tan importante en nuestro país, para conseguir minimizar su consumo energético y su impacto medioambiental y reducir al mínimo el desperdicio de recursos naturales. Para ello, recuerdan, es imprescindible tener en cuenta a toda la cadena de valor, desde el origen de los ingredientes y sus formas de su cultivo y/o producción, hasta su transporte a los mercados y cómo llegan finalmente a nuestra mesa.
Un webinar necesario, ahora más que nunca, puesto que es un sector clave en nuestro país que, teniendo en cuenta la producción agrícola, la distribución, el turismo gastronómico y la hostelería, supone el equivalente al 33% del PIB, dando empleo, además, al 18% del total de los trabajadores en España.
Guillermo Amann, portavoz del Foro para la Electrificación, ha moderado la sesión en la que ha participado Bosco López Landa, Scout de Tecnología e Innovación en BOSCH y Co-founder en FVC Consulting; Paco García, director durante 22 años del restaurante con estrella Michelin El Lago y fundador de Calma-Eladio; Nil Rosique, Business Developement Partner de KROPTEK; Carmelo San Martín, gerente corporativo de Calidad y Medio Ambiente en Zamora Company – Ramón Bilbao; y Sergio Martín de las Heras, director de operaciones en Abadía Retuerta LeDomaine.
Bosco López Landa, Scout de Tecnología e Innovación en BOSCH y Co-founder en FVC Consulting, ha asegurado que “estos momentos de crisis energética traen consigo una serie de desafíos para las empresas a la hora de buscar nuevas cadenas de suministro y nuevas formas de hacer las cosas”, destacando también que “el consumidor cada vez está más concienciado y hay que ser transparentes para que comprueben que la eficiencia energética y la sostenibilidad son reales”. Además, ha destacado que la llamada OIT o internet de las cosas impacta también en la eficiencia energética aplicando algoritmos de control que ayudan, no solo a mejorar la experiencia de usuario, sino también a ahorrar a las familias.
Paco García, director durante 22 años del restaurante con estrella Michelin El Lago, fundador de Calma-Eladio y pionero y referente de la filosofía slow food y los productos Km0, ha destacado que “creamos Calma-Eladio por la necesidad del sector de encontrar productos de cercanía, para satisfacer su demanda”, porque mientras que cuando comenzaron era una actividad pionera, “ahora los restaurantes y hoteles se suman a los productos de cercanía o Km0 y de temporada, es una realidad y una corriente que no tiene marcha atrás, eliminando las cadenas de suministro”. También ha destacado la importancia del cambio en los pequeños y medianos agricultores con un caso real de uno de sus productores que afirma que “las placas solares son lo mejor que he sembrado nunca”, porque además de permitirle reducir drásticamente su factura le permiten, gracias a la sombra que proporcionan puede cultivar otras variedades.
Nil Rosique, Business Developement Partner de KROPTEK, ha ofrecido datos importantes: la agricultura tradicional es responsable de 1/3 nuestra huella de carbono y en 2050 necesitaríamos 2 planetas tierra para seguir produciendo para alimentar a la población humana, por ello crean granjas verticales totalmente controladas en las que se puede cultivar todo el año y sin necesidad de pesticidas, a la vez que “se elimina la cadena de suministro propiciando productos de Km0”, poniendo como ejemplo la granja que tienen en marcha en Canadá, permitiendo el cultivo, a pesar de las temperaturas extremas, de frutas y verduras que antes sólo podían importar desde California o México (a 8.000 km), ahorrando miles de kilómetros de transporte. También ha destacado el ahorro que supone este sistema, aun con la implantación de las infraestructuras necesarias, “poniéndolo en una balanza, 1gr de fruta o verdura importada, frente a 1 gr de fruta cultivada en una granja vertical supone un ahorro en 2022, de 92 zonas de emisiones de Co2 a la atmósfera y para 2023 (con la ampliación prevista) tenemos previsto reducir unas 180 toneladas de emisiones a la atmósfera”.
Carmelo San Martín,gerente corporativo de Calidad y Medio Ambiente en Zamora Company – Ramón Bilbao, ha destacado que desde Ramón Bilbao participan, junto con la Federación Española del Vino en hacer la certificación ‘Wineries for Climate Protection’ “accesible para todas las empresas del sector, independientemente de su tamaño” afirmado que para acceder a certificaciones de sostenibilidad como esta “las empresas tienen que tener una hoja de ruta para medir y conocer sus consumos, qué procesos o qué maquinaria están incrementando ese consumo y qué medidas pueden ser eficientes”, destacando 3 ejes: la energía, el consumidor y el equipo de la propia empresa. También ha destacado el trabajo de la bodega “tan vinculada, desde hace años, en la protección del medioambiente entendiéndolo como parte del crecimiento socioeconómico de la zona y su entorno”
Sergio Martín de las Heras,director de operaciones en Abadía Retuerta LeDomaine, ha recalcado que, desde el sector del lujo, “la sostenibilidad no es un lujo, es una necesidad y los viajeros así lo entienden”, destacado lo importante que ha sido para su compañía, recibir la estrella verde Michelin, en 2020, que reconoce a los restaurantes que apuestan por la sostenibilidad y describiendo su modelo que incluye más de 35 productores locales, un centenar de productos de proximidad y su propio huerto orgánico, gestionado por un hortelano de la zona con agricultura sostenible. También cuentan con la certificación ‘Wineries for Climate Protection’ y al respecto ha profundizado en lo que han supuesto sus políticas de eficiencia energética poniendo por ejemplo el 30% de ahorro que ha supuesto la instalación de placas fotovoltaicas, como el consumo medio de 60 hogares españoles, también evita la emisión de unas 2.250 toneladas de Co2 en los próximos 20 años, “al final es cuidar del entorno y concienciar, tanto al huésped, como al equipo humano que forma Abadía Retuerta, de lo importante que es la sostenibilidad para nosotros.”
Finalmente, Guillermo Amann, portavoz del Foro para la Electrificación, ha concluido que “es importante como sociedad que seamos conscientes de todas las actividades que se engloban en el sector de la gastronomía y dar a conocer el esfuerzo que todas las empresas están realizando para acometer la electrificación necesaria para reducir las emisiones de Co2 y descarbonizar, también con la forma en la que comemos cada día, nuestra sociedad y economía”, destacando además “el reto que supone que el consumidor conozca todas las evoluciones y esfuerzos que se están realizando para que también pueda decidir comer de forma consciente y sostenible”.
El Gobierno prepara una norma para permitir la revisión de precios de los contratos.Fijará un umbral de entrada
Tras meses reclamando medidas para paliar el impacto del alza de las materias primas en la obra pública, el sector constructor por fin ha recibido respuesta del GobierNo. El Ejecutivo ya ha redactado el borrador de un decreto ley para compensar a los contratistas por una escalada de precios sin precedentes e intentar evitar así que continúen los retrasos en la ejecución de obras públicas, las paralizaciones e incluso cancelaciones puntuales de contratos, sin olvidar el creciente número de licitaciones desiertas. La norma que prepara el Gobierno establece una compensación de hasta el 20% del precio de adjudicación de la obra, al tiempo que fija un umbral del 8% para determinar qué obras se pueden acoger a esta revisión extraordinaria de precios.
Esto es, los contratistas deberán acreditar que el alza de los materiales excedió en ese porcentaje el importe certificado del contrato en 2021 (quedan excluiDas las subidas de precios anteriores, a pesar de que los materiales repuntaron con fuerza desde abril de 2020).
Para eso, se tomarán como referencia los precios de los materiales siderúrgicos, bituminosos,así como del aluminio y el cobre.
Se deberá acreditar que el alza de los materiales excede en al menos el 8% el importe del contrato
Queda fuera la revisión de los precios de la energía, a pesar de su más que notable impacto sobre la industria.
El sector analiza ahora un documento cuya redacción considera todavía “poco clara” y que “está generando dudas”,al tiempo que se encuentra a la espera de conocer los índices que se tomarán como referencia para acometer la revisión de precios, que aún no se han publicado. Pero ya existe un primer punto de fricción o discrepancia: la existencia de un umbral para acceder a las compensaciones. “Con el límite del 8% se quedarán muchas obras fuera y algunas muy tocadas”, advierten fuentes del sector, que se preguntan “por qué tiene que haber un mínimo de entrada cuando ya se te ha descontado la energía”.
Será el contratista principal el que pueda acceder a este mecanismo excepcional de reequilibrio de los contratos y el que deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que éste no tendrá acción directa frente a la Administración.
La respuesta del Gobierno llega cuando la crisis de las materias primas ha dejado desiertas al menos 500 licitaciones públicas en toda España en menos de tres meses (entre noviembre de 2020 y el 20 de enero pasado), según un informe publicado a finales del mes pasado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Proyectos en el dique seco por importe de 230 millones de euros. Se trata de un número insólito de obras sin licitantes en el mapa de la obra pública en España, donde el problema tradicionalmente ha sido el contrario: la fuerte competencia propiciaba la aparición de las llamadas bajas temerarias. Y se ha producido, además, en plena llegada de los fondos europeos, vitales para la recuperación de la economía española tras el paso devastador del Covid.
Ante el retraso en la respuesta del Gobierno, algunos organismos públicos, como Adif, ya están introduciendo cláusulas de revisión de precios en los nuevos pliegos, mientras que algunas comunidades autónomas se han visto obligadas a relanzar licitaciones con los precios revisados al alza tras haber quedado desiertas las anteriores.
La Comisión Europea ha presentado este martes una estrategia con la que aspira a movilizar 13.000 millones de euros en inversión pública para cuadruplicar la producción de semiconductores en Europa de aquí a 2030 y lograr así al menos un 20% del mercado global, además de evitar problemas de suministro en el futuro. En total, se movilizarán más de 45.000 millones de euros de inversión pública y privada para prevenir, anticipar y responder a cualquier interrupción futura de las cadenas de suministro.
«La pandemia ha puesto dolorosamente de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de chips. La escasez mundial ha ralentizado mucho nuestra recuperación. Hemos visto que líneas enteras de producción se paralizaron, por ejemplo con los coches. Mientras la demanda aumentaba, no podíamos suministrar lo necesario debido a la falta de chips. Así que esta ley llega absolutamente en el momento oportuno», ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en un movimiento poco habitual, ha presentado ella misma la propuesta.
A corto plazo, la estrategia aspira a mejorar la coordinación entre los gobiernos y la Comisión para responder en caso de crisis; a medio plazo, reforzar la capacidad de innovación, investigación y fabricación de chips en la UE, además de hacer más resistente al bloque en caso de crisis; y, a largo, hacer de Europa un líder tecnológico en los mercados globales. «Nos hemos fijado el objetivo de tener en 2030 el 20% de la cuota de mercado mundial de producción de chips aquí en Europa. Ahora mismo estamos en el 9%», ha explicado von der Leyen, «pero sabiendo que la demanda en el mercado mundial se duplicará durante ese tiempo, significa básicamente cuadruplicar nuestros esfuerzos».
El pilar más importante del plan de la Comisión es aumentar considerablemente la inversión en este sector, aunando esfuerzos públicos y privados. Sobre la mesa, un paquete de financiación que reunirá 11.000 millones de euros en inversiones públicas tanto procedentes de la UE como de los distintos gobiernos, además de un apoyo a las pequeñas y medianas empresas e nueva creación de de entre 2.000 y 6.000 millones. Esto se suma a los alrededor de 30.000 millones que ya estaban previstos a través del fondo de recuperación o programas como Horizonte Europa. Bruselas llama además a que los inversores privados contribuyan también a aumentar los fondos destinados a esta tecnología.
Inversión, innovación y producción
Europa, con importantes centros de investigación y desarrollo en Bélgica, Francia o Alemania, es líder mundial en este ámbito. La Comisión quiere impulsar este trabajo, apoyando en particular el desarrollo de tecnologías como transistores de bajo consumo o tecnologías de apoyo a la inteligencia artificial. Pero además quiere garantizar que esa innovación se traduzca en productos viables en el mercado, salvar la brecha entre desarrollo y producción. «Europa es el continente donde han comenzado todas las revoluciones industriales. Y puedes ser el hogar de la próxima revolución industrial», ha dicho la presidenta.
Para esto, Europa necesita que las instalaciones, que tienen un enorme coste inicial, estén a la altura del reto. Una de las medidas que propone la Comisión es flexibilizar las ayudas de estado para garantizar que fluya el dinero para poner en marcha fábricas en las que se diseñen y produzcan componentes. La propuesta no es tanto un cambio de las normas, sino más bien abrir la puerta abiertamente al uso de una provisión de la actual legislación para un sector muy concreto. En particular, aquellas actividades en las que su potencial, por ejemplo para poner en marcha proyectos que no existirían sin apoyo público, superen los posibles efectos negativos en el comercio y la competencia.
El Gobierno de EEUU alerta sobre la «alarmante» falta de chips en el país
El último pilar del plan apunta directamente a las cadenas de suministro. «Ningún país e incluso ningún continente puede ser totalmente autosuficiente. Esto es imposible. Europa siempre trabajará para mantener abiertos los mercados globales y para mantenerlos conectados. Esto va en interés del mundo y en nuestro propio interés», ha asegurado la presidenta. Por eso la UE trabaja para establecer acuerdos con otros grandes productores de chips como Estados Unidos o Japón. «Se trata de equilibrar las interdependencias y de fiabilidad», ha añadido.
Pero el objetivo no es solo contribuir al libre comercio o reforzar alianzas, también dar las herramientas a la UE para garantizar el suministro en caso de crisis. Una medida, un último resorte, que permitiría impedir si fuera necesario las exportaciones de chips fabricados en Europa si la producción en el continente está en peligro.
Cerca de 500 licitaciones por más de 230 millones se han quedado desiertas en dos meses
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado a través de una resolución la aplicación de la revisión de precios en los contratos nuevos de obra ante la pronunciada escalada de los precios de los materiales de construcción. De este modo, el departamento que dirige Raquel Sánchez extiende la medida, que ya adoptó después del pasado verano Adif, a todos sus ámbitos de actuación, entre los que figuran, además del propio gestor ferroviario, la Dirección General de Carreteras (DGC), Aena, Puertos o Renfe, entre otras.
La decisión entró en vigor a finales del pasado mes de diciembre, de manera que todos los contratos licitados por Transportes desde entonces deberán incluir la revisión de precios. La resolución, a la que ha tenido acceso ‘elEconomista’, está firmada por la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. En la misma resuelve que «en los pliegos de los contratos de obras que, a partir de esta fecha, se liciten en el ámbito de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, podrá reconocerse al contratista el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios aplicando la fórmula de revisión que corresponda». «Para cumplir con la exigencia de justificación establecida en el artículo 103.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será suficiente que el pliego se remita a esta resolución», añade. Así, continúa, «se deja sin efecto la resolución de 22 de abril de 2013, de la entonces Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, sobre improcedencia de la revisión de precios en los contratos de obra y servicios».
Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del incremento notable en el precio de las materias primas
Con ello, el Ministerio de Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del «incremento notable en el precio de algunas de las materias primas empleadas para la construcción de las obras públicas» que se viene produciendo desde hace algunos meses. Con la medida, explica Pardo de Vera, «se pretende dotar a los nuevos contratos de obras de un marco jurídico que permita ajustar los precios a las fluctuaciones actuales del mercado, lo que previsiblemente contribuirá a que las obras se ejecuten en el plazo pactado, aspecto este que es relevante en general, pero muy especialmente para las obras que vayan a firmarse en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia».
Por tanto, las nuevas licitaciones del Ministerio y sus empresa públicas desde finales de diciembre deberán incluir la cláusula de revisión de precios, de manera que los contratos se irán ajustando, a la baja o al alza, en función de la evolución que arroje la fórmula.
Esta resolución es un paso en la línea de las demandas del sector, pero aún hay una mayoría de Administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o las corporaciones locales, que no han aprobado la revisión de precios para sus nuevos pliegos de contratación pública. De hecho, ante ello, en los últimos dos meses cerca de 500 licitaciones con un valor conjunto que supera los 230 millones de euros han quedado desiertas, según denunció este jueves la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Unas cifras que crecen día a día, según advirtió Pedro Fernández Alén, presidente de la organización que reclama la inclusión de un sistema automático de reequilibrio económico en las licitaciones y la adecuación de los precios a la realidad del mercado. Hasta el momento, Cataluña lidera la estadística, con 200 concursos desiertos por 50,4 millones de euros, seguida de Galicia, con 96 por 20,6 millones, Andalucía, con 46 por 35,1 millones, la Comunidad Valencia, con 32 por 26 millones, y País Vasco, con 24 por 9,5 millones. También destaca Asturias, con 10 proyectos sin ofertas por 41,3 millones. A esta problemática se suma el descenso de la concurrencia de empresas en muchas liciataciones.
Impacto en los fondos de la UE
Y más grave aún es la situación de los contratos en curso. Según la CNC, hasta octubre pasado, el alza de precios de los materiales y la crisis de suministros ha llevado a cuatro de cada diez empresas a abandonar, paralizar o ralentizar sus obras, confirmando así la información adelantada por este diario este jueves. Desde entonces, «la situación a nivel global se ha agravado», alerta la patronal. Para estas obras el sector lleva meses solicitando igualmente la revisión de precios, pero por ahora la normativa para la aplicación de mecanismos de compensación se mantiene atascada en el Ministerio de Economía.
Todo ello ya está poniendo en riesgo, según la CNC, la ejecución de los fondos europeos, con el consecuente impacto en la recuperación económica de España.
Dotar de inteligencia al sistema eléctrico es clave para integrar energíarenovable distribuida, sistemas de almacenamiento y herramientas de flexibilidad, como la agregación y la gestión de la demanda
El Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que las energías renovables cubran un 74% de la demanda eléctrica en 2030. Para conseguirlo, el sistema eléctrico debe transformarse, desde su actual diseño centralizado y unidireccional, hasta otro distribuido, multidireccional, inteligente y flexible, gracias a la digitalización de las redes, los sistemas de almacenamiento y la agregación y la gestión de la demanda.
Contribuir a la recuperación económica
El Real Decreto aprobado por el Gobierno facilita el alcance de estos objetivos, además de contribuir a la recuperación económica, gracias a la capacidad de arrastre de la distribución de electricidad sobre el resto de la economía, que mantiene decenas de miles de empleos y sustenta una cadena industrial relevante, con un peso muy importante de las empresas españolas.
La digitalización de las redes de distribución está incluida en el Proyecto Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), disponible aquí, que canalizará más de 16.300 millones en los próximos años para adaptar el sistema energético y reforzar la posición del liderazgo español en el campo de las energías limpias.
La digitalización de las redes de distribución es una de las medidas facilitadoras del PERTE ERHA y se corresponde con el Componente 8 del PRTR, dedicado a infraestructuras eléctrica, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
Ayudas con cargo a los PGE de 2021 a 2023
El Real Decreto aprobado hoy permitirá otorgar hasta 525 millones en subvenciones directas entre 2021 y 2023 a las empresas distribuidoras, que operan en régimen regulado por ser monopolios naturales en las zonas en que están implantadas. Las cuantías anuales máximas ascenderán a 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.
El PRTR financiará hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos –con una potencia superior a 250 kW– situados en la vía pública. Cada compañía recibirá una ayuda proporcional al porcentaje de retribución regulada que recibe sobre el coste total de la actividad de distribución de electricidad.
El Real Decreto autoriza que las distribuidoras incrementen su límite de inversión anual con cargo al sistema eléctrico en una cuantía equivalente a la inversión acometida gracias al apoyo del PRTR durante el año siguiente a la puesta en servicio de los activos resultantes de las inversiones.
Planes de generación de cadena de valor y empleo
Para acceder a las subvenciones, las empresas deberán presentar planes estratégicos con las estimaciones de sus inversiones sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a la penetración de nueva generación renovable, que serán publicados en la página web del MITECO.
También tendrán que implantar programas digitales de mejora de la calidad de la atención al consumidor. Entre ellos, deberán habilitar una sede electrónica que permita la gestión de los expedientes, incluyendo los relativos a los permisos de acceso y conexión para instalaciones de autoconsumo y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Puede consultar toda la información sobre el PRTR aquí.
El informe ‘La digitalización de las redes eléctricas de distribución en España’, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas y publicado por Fundación Naturgy, sostiene que la digitalización de las redes de distribución facilitará la participación de los usuarios en la descarbonización y permitirá garantizar el suministro de forma más sencilla. Sin embargo, según la reciente publicación, los avances en la monitorización y control de las redes de distribución eléctrica en España siguen siendo insuficientes para operar una red con masiva incorporación de recursos energéticos distribuidos y para integrar a todos los participantes en el sistema.
En España, gracias al despliegue de contadores inteligentes, muchas distribuidoras ya utilizan técnicas de big data y algoritmos de machine learning en sus sistemas centrales para extraer información de la gran cantidad de datos que reciben diariamente. Según el estudio, prácticamente la totalidad de los consumidores domésticos suministrados por una distribuidora de más de 100.000 clientes ya disponen de un contador inteligente en España.
España es uno de los países mejor posicionados en Europa en instalación de contadores inteligentes.
Sin embargo, este despliegue de contadores inteligentes no ha sido uniforme en la Unión Europea. España, junto a Italia y los países escandinavos, está a la cabeza con una implantación casi completa de contadores inteligentes, en Alemania todavía no se han instalado ya que el análisis coste-beneficio resultó negativo, e Italia, que fue pionera en Europa, ya está planificando el despliegue de la segunda generación de estos contadores.
Mejora de la conectividad
A pesar de que España es uno de los más países avanzados en la instalación de contadores inteligentes, los autores del documento afirman que las redes eléctricas de distribución siguen estando poco automatizadas en comparación con la infraestructura asociada a otras industrias. “Aunque el despliegue de los contadores inteligentes en España ha constituido un gran impulso hacia la digitalización, todavía ha de mejorarse su conectividad para que se puedan utilizar en la operación en tiempo real o a corto plazo de la red. Sin olvidar que para esta operación en tiempo cuasi real también es necesario una alta capacidad de las comunicaciones”, señalan los autores del informe.
Número de puntos de suministro en las zonas urbanas y rurales. Tiempo de
Interrupción Equivalente a la Potencia Instalada (TIEPI) en las zonas urbanas
y rurales. Datos de 2018 para España.
Una de las principales dificultades a las que se enfrenta la distribución eléctrica es su extensión en comparación con otras infraestructuras eléctricas, como la red de transporte. En 2017, esta diferencia era cerca de 743.000 km de línea eléctrica.
La red de distribución eléctrica suministra tanto a zonas urbanas como rurales, con casi 24,8 y 4,5 millones de puntos de suministro en España, respectivamente. El informe destaca las diferencias entre las zonas rurales y urbanas. En las primeras, la conectividad, que puede proveer una infraestructura externa de comunicaciones, puede ser escasa y la poca densidad de población puede causar una baja rentabilidad de las inversiones digitales en estas áreas. En las zonas urbanas, a pesar de que típicamente disponen de una mejor conectividad, la red de distribución suele estar soterrada (por motivos ambientales, estéticos, y urbanísticos, principalmente), por lo que resulta difícil disponer de una cobertura inalámbrica. En España, en promedio, el 36,5% de las líneas eléctricas en distribución son subterráneas frente al 4,4% que supone en la red de transporte.
Los desafíos para la digitalización de las redes de distribución
Además de la extensión, el informe analiza otros desafíos para la digitalización de las redes de distribución. El estudio sostiene que los beneficios de la digitalización para acelerar la transición energética son importantes, pero también son muchos los retos que representa este proceso, como la regulación, la madurez de la tecnología y la ciberseguridad, entre otros factores.
La mejora de las competencias digitales y una mayor cultura digital en las empresas de distribución son otros retos de la digitalización, no solo para su gestión, sino también en el ámbito de la ciberseguridad, por la criticidad de la infraestructura y su dispersión geográfica.
Las necesidades de formación podrán evolucionar con el desarrollo tecnológico y grado de implantación de las nuevas soluciones. Por ejemplo, es necesaria la formación en ciberseguridad, sistemas de comunicaciones y plataformas digitales, que están ya en una fase de desarrollo madura y de aplicación masiva. Por su parte, el IoT y el mantenimiento avanzado de los equipos están ya maduros, pero aún no son de aplicación masiva, por lo que será necesaria formación en estas áreas a medio plazo. Además, tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial tienen potencial, pero son todavía incipientes, siendo preciso enfocar los recursos a la investigación en estas áreas.
Asimismo, la ciberseguridad adquiere una relevancia especial. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para establecer los mecanismos que permitan a las empresas de distribución y a los reguladores evaluar adecuadamente los riesgos asociados a la ciberseguridad, así como los costes y beneficios asociados de acometer acciones de mejora en este aspecto. Según el informe, solo si la alta ciberseguridad de la tecnología queda demostrada, la empresa distribuidora estudiará su implantación a gran escala.
Los costes de la digitalización
La evaluación de los costes de la digitalización tampoco está exenta de dificultades. En muchas ocasiones las empresas de distribución han de valorar el despliegue de tecnologías o soluciones que aún están en desarrollo, a lo que se añade la posibilidad de obsolescencia temprana una vez realizada la inversión.
La digitalización trae consigo importantes beneficios para las empresas de distribución, en forma de reducción de costes operativos, pero también para los consumidores finales y la sociedad en su conjunto. No obstante, no deben infravalorarse los costes asociados a la digitalización, tanto en términos de inversiones (sensores, actuadores, etc.) como de costes operativos (software, ciberseguridad, etc). En este sentido, la digitalización de las redes de distribución ha de producirse de manera progresiva y guiada por una evaluación cuidadosa de los costes y beneficios asociados.
El informe afirma que la transformación digital de la distribución eléctrica no puede llevarse a cabo de un día para otro de manera completamente disruptiva; requiere que las tecnologías digitales que se implementen sean compatibles con los dispositivos y sistemas ya instalados o, al menos, que sean capaces de coexistir y de funcionar en paralelo. Según los autores, “esta implementación paulatina también se debe, en gran parte, a que se trata de un sector regulado, y por ello la digitalización plantea una serie de necesidades regulatorias que deben abordarse”.
Necesidades regulatorias
El Paquete de Energía Limpia de la UE de 2019 incluía aspectos relevantes para la digitalización de las redes eléctricas, pero España aún tiene pendiente varios desarrollos y cambios legislativos para fomentar unas redes de distribución digitalizadas y unos usuarios activos.
El informe indica que la regulación debe fomentar el despliegue de medidores inteligentes y los sistemas de gestión y control que permitan señales de precio dinámicas, eliminar barreras para el desarrollo de consumidores activos y comunidades energéticas locales, y asegurar el intercambio de información y la interoperabilidad de los sistemas.
La digitalización se sostiene sobre tres pilares relacionados entre sí: sensores y actuadores, conectividad y tratamiento de datos. La digitalización de la distribución eléctrica está fuertemente relacionada con el concepto de red eléctrica inteligente. El informe añade que no existe un punto final del proceso de transformación digital, ya que las tecnologías están en constante evolución y siempre habrá margen para la actualización y optimización.
