El sector de bienes de equipo eléctrico español, lo mejor está por llegar en la nueva normalidad

Mar Duque - Directora Gnral AFBEL
Por Mar Duque, Directora General de AFBEL, para El Economista

El pasado 14 de marzo el Gobierno imponía el Estado de Alarma, ante el aumento de casos de la COVID-19 en España. Hoy, cuatro meses después no podemos olvidar el papel fundamental papel que jugó la industria española de bienes de equipo eléctrico en un momento de crisis global sin precedentes, ni el que tendrá en la recuperación de la economía de la nueva normalidad.

Durante la emergencia sanitaria el sector de bienes de equipo eléctrico demostró ser esencial e imprescindible para mantener el suministro de las redes y de las infraestructuras indispensables para la economía y la sociedad.

Todo tipo de servicios críticos pudieron asegurar la continuidad de sus sistemas eléctricos gracias a los operadores de transporte y distribución y a los de generación eléctrica. Operadores que han seguido contando con nuestros productos y servicios de forma ininterrumpida.

Para que la red eléctrica española siguiera en perfecto estado, se activaron casi inmediatamente los sistemas y protocolos de higiene y protección propios, invirtiendo en aquellos materiales de seguridad necesarios tanto para los trabajadores como para los clientes, y manteniendo un ritmo de trabajo a tres turnos. Los fabricantes de bienes de equipo para la red de transporte y distribución dan soporte con sus productos a los operadores del sistema, incluidas las pequeñas compañías distribuidoras locales, junto a los operadores de generación eléctrica renovable y convencional e instaladores y otros clientes que permiten dotar de energía eléctrica a grandes consumidores como hospitales, supermercados, aeropuertos o IFEMA; tan imprescindibles y cruciales en un momento como éste.

No obstante, el incremento de estas medidas de seguridad ha tenido como efecto la disminución de la productividad. Este hecho, unido a las extraordinarias inversiones en logística y, en paralelo, la volatilidad del precio de las materias primas ha provocado un aumento considerable de los costes en un sector de márgenes ajustados.

Debemos recordar que, en España, este sector está integrado por más de 45 empresas que emplean a 26.000 trabajadores (empleo directo e indirecto), sumando unas ventas anuales de aproximadamente 3.000 millones de euros. Destacan sus ratios de productividad y valor añadido que hacen tener un fuerte efecto tractor sobre los proveedores nacionales y la economía local, dada su elevada inversión en I+D, casi dos veces superior respecto a la media de la industria manufacturera, especialmente en sectores estratégicos en un futuro cada vez más digital y eléctrico.

En la nueva normalidad, el sector de fabricantes de tecnología para la red eléctrica es más crítico que nunca para relanzar la actividad económica.

Por ello, es necesario reflexionar sobre cómo puede recuperar la rentabilidad y competitividad perdidas ya que sus precios se habían mantenido estables pese a la bajada de productividad.

Las cifras son contundentes. Con anterioridad a la irrupción del coronavirus, se preveía que la descarbonización, la modernización y digitalización impulsarían un incremento de inversiones en el sector eléctrico. En este sentido, se estimaba una inversión en redes en España de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 al tiempo que la generación renovable conllevará inversiones adicionales cercanas a los 7.000 millones de euros en equipos eléctricos. La comercialización de equipos eléctricos derivados de las inversiones en redes y nueva generación renovable alcanzaría los 25.000 a 32.000 millones de euros.

Y si la digitalización ya era clave antes de la covid-19, en la nueva normalidad lo será aún más y, sin duda, las inversiones se mantendrán en esta línea. Porque para hacer la red de distribución más inteligente es necesario digitalizarla. Y tal digitalización debe cubrir toda la cadena, desde la estación transformadora de distribución (ETD) hasta el punto de consumo. Se han llevado a cabo múltiples proyectos piloto en toda Europa, muchos de ellos exitosos, que han demostrado que el estado del arte de la tecnología se encuentra a la altura de la necesidad. Y muchos de los tecnólogos y fabricantes de componentes y sistemas inteligentes que lo han hecho posible son españoles.

Por otra parte, el sector recibió con gran entusiasmo y optimismo la tramitación de la Ley de Cambio Climático, incluso era la primera de las medidas que la asociación de fabricantes españoles de tecnología para la red eléctrica de transporte y distribución había propuesto para reactivar las inversiones en el tejido eléctrico.

Este proyecto de Ley es un paso importante en la lucha a favor del medio ambiente al tiempo que traerá consigo la inversión en sectores de alto valor añadido con contenido nacional e impulsará la transición energética, totalmente necesaria para mejorar la competitividad de la industria española a través de la electrificación de la economía.

El único vector energético susceptible de sustentarse únicamente en fuentes ecológicamente neutras es el vector eléctrico.

En definitiva, el avance hacia descarbonización global de la economía, alcanzando los objetivos de 2030 y 2050 y consiguiendo los niveles más altos de eficiencia energética, podrá ser una realidad si, y solo si, se incorpora una mayor penetración del vector energético eléctrico, con la integración de más renovables.

Como ante cualquier crisis, la recuperación económica sólo puede venir con inversiones masivas para proteger y crear empleos cualificados y de calidad; apoyando a todas las regiones sin excepción, a sus empresas y sectores tras haber sufrido esta inesperada y repentina paralización de la economía.

Por tanto, los fabricantes de bienes de equipos eléctrico de media y alta tensión se encuentran en disposición de afrontar la recuperación con mejores perspectivas que otros sectores. Y esto son muy buenas noticias.

La transición energética: una oportunidad industrial

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Por Mar Duque, Directora General de AFBEL, para CINCO DÍAS

España necesita políticas que maximicen el impacto económico del proceso

La transición energética debe ser una oportunidad para las economías industrializadas. La Comisión Europea adoptó recientemente el cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, que asegura que las políticas europeas han puesto la Unión Europea en el camino hacia una transición a la energía limpia que permita aprovechar las oportunidades económicas que ofrece, generando crecimiento y empleo.

En este contexto, el mercado de equipos eléctricos mundial crecerá en la próxima década por la descarbonización, la creciente necesidad de modernización y digitalización de las redes y el acceso a la electricidad en países en desarrollo. La inversión global asociada a la transición energética puede alcanzar los 7 billones de euros en las redes eléctricas y otros tantos en generación renovable hasta 2040. Esto se traduciría en una oportunidad para el sector de la fabricación de bienes de equipo eléctricos de hasta 3,4 billones de euros en dicho periodo.

Las inversiones de la transición energética van a ser una oportunidad para la industria española. El sector de fabricación de bienes de equipo eléctrico superó el reto de la crisis económica, y destaca por sus tasas de productividad, así como de creación de valor añadido e inversión en I+D (de media, el doble que la media de la industria manufacturera).

En relación con su potencial de crecimiento, el estudio elaborado por Monitor Deloitte en colaboración con Afbel El sector de fabricación de bienes de equipo eléctrico ante la transición energética: una oportunidad industrial indica que la transición implicará unas inversiones totales en redes eléctricas de entre 46.000 y 55.000 millones de euros hasta 2030 en España. Adicionalmente, la nueva generación renovable en nuestro país conllevará inversiones de 7.000 millones de euros en equipos eléctricos hasta 2030.

En suma, el estudio estima que se comercializarán en España entre 25.000 y 32.000 millones de euros en equipos eléctricos vinculados a la transición energética hasta 2030. Capturar esta oportunidad permitirá la recuperación de la actividad previa a la crisis económica para este sector, y también para otros sectores, dado el elevado porcentaje de cadena de proveedores nacionales que utiliza, y que en algunos equipos puede llegar al 80%.

Para aprovechar esta oportunidad, la industria española está en disposición de fabricar productos de mayor valor añadido, como nuevos bienes de equipo eléctricos que contribuyan a la digitalización de la red eléctrica y mitiguen los retos de la transición energética; por ejemplo, la integración de un volumen creciente de energía renovable no gestionable y de autoconsumo, o el despliegue de la infraestructura de carga inteligente del vehículo eléctrico. Estos equipos digitales harán más fuerte a la industria española frente a la creciente competencia de productos extracomunitarios de bajo coste.

El sector ya ha comenzado la transformación para ganar aún más competitividad, gracias a las ventajas de la Industria 4.0, la inversión en I+D y la mayor capacitación de su fuerza laboral. Si el sector consigue aprovechar el mayor potencial de ventas nacionales y exportaciones asociadas a la transición, su actividad podría duplicarse en la próxima década, para lo que será clave aprovechar el efecto arrastre de empresas españolas tanto el mercado nacional, como en otros mercados internacionales como las renovables.

España necesita ine­ludiblemente políticas que maximicen el impacto económico de la transición energética. Será clave una política industrial que potencie el posicionamiento de la industria española (por ejemplo, a través de planes integrales de transformación de Industria 4.0), la cooperación industrial entre operadores y fabricantes, y las iniciativas intersectoriales. En relación con la política energética, es fundamental adaptar el modelo retributivo de las redes eléctricas –con una retribución adecuada para incentivar las inversiones, la innovación y la actividad económica– y desarrollar una planificación de las inversiones.

En definitiva, es un hecho que la transición energética es una oportunidad para sentar las bases de una nueva economía, mientras se crea actividad en sectores económicos clave, como la edificación, la movilidad o la generación renovable. La transición energética es una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar para conseguir un modelo económico más sostenible.

Urge legislación en redes eléctricas más inteligentes

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Por Mar Duque, Presidente de Asamblea General de AFBEL, para CINCO DÍAS

La normativa europea se centra en facilitar el acceso a terceros agentes y no en el desarrollo de las instalaciones.

El despliegue en España de la red eléctrica está sujeto aún a ciertas limitaciones para dotarla de una mayor inteligencia y autonomía que redunde en beneficio de los usuarios, haciéndoles verdaderos protagonistas de su gestión y no meros espectadores pasivos, optimizando sus costes del consumo.

Las empresas ven en la digitalización una tendencia que puede impulsarlas. No conciben desarrollar la red de electricidad –cada vez más interconectada– con parámetros tradicionales, sino que desean hacerla crecer con equipos más inteligentes que actúen no solo en base a magnitudes eléctricas, sino también económicas y medioambientales.

La legislación europea, sin embargo, se centra más en facilitar el acceso a terceros agentes en el mercado eléctrico (servicios energéticos, gestión de la demanda, etc.) y no tanto en el propio desarrollo de las instalaciones eléctricas. Por esta razón, los fabricantes del sector piden que se incentiven las inversiones en la red eléctrica para adoptar las tecnologías smart. Si no se impulsan estas inversiones se corre el riesgo de que las infraestructuras queden obsoletas y no se aproveche el potencial de mejora de suministro, la calidad del servicio y su eficiencia.

Tanto es así que muchos fabricantes temen que España se quede atrás debido a la falta de regulación y todo lo que esto implicaría en la competitividad de sus empresas, generación de empleo de calidad, así como en su capacidad de exportar tecnología. Si no existe este entorno favorable de regulación, aparece una gran incertidumbre en las compañías eléctricas y en los fabricantes, ya que el I+D no se desarrolla.

La falta de visión en el ámbito de las smartgrids supone un freno a las mejoras en el sector eléctrico. Tiene que haber una voluntad política, además de una concienciación de los ciudadanos para que se produzca este cambio.

En España, compañías como Endesa, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, Iberdrola, REE o Viesgo han ido dotando de mayor inteligencia a sus redes, destacando, desde el punto de vista del consumidor, el despliegue masivo de contadores inteligentes. Y con todo ello, los fabricantes han invertido en innovación para desarrollar productos y soluciones, lo que les ha convertido en jugadores de primera en el mercado internacional. Y esto lo han tenido que hacer con unos procesos industriales bien afinados. Los volúmenes son fuertes y, por tanto, los precios y los costes, realmente ajustados. Con ello, las empresas hemos conseguido generar, o al menos mantener, el empleo a pesar de la difícil situación económica por la que hemos pasado.

Uno de los principales retos del sector se basa en el desarrollo e implementación de infraestructuras de recarga públicas de oportunidad, principalmente de puntos de carga rápida que complementen las autonomías de los vehículos eléctricos –hoy en día rondan de media entre 200 y 300 km. Con un despliegue estratégico de bienes de equipo eléctricos de 50 kW capaces de recargar hasta el 80% de las baterías en 20 minutos, permitirán derribar las barreras de la ansiedad de autonomía en trayectos de largo recorrido.

El actual Plan Nacional de Ciudades Inteligentes aprobado en julio de 2015, por una parte, facilita la creación de plataformas digitales, reuniones para definir las ciudades, pero, por otra, no incluye ninguna directriz sobre qué redes de servicio hay que actuar (de gas, de electricidad, etc. ). En el Plan Nacional no existe un mapa de actuación claro ni se establecen resultados tangibles para el ciudadano.

En todo este contexto, la Unión Europea está trabajando en un nuevo mercado digital único y en las directivas europeas de Smart Grid M/490 y M/441. Este hecho supone que un nuevo marco regulativo exterior va a llegar a España e implicará una actuación en la materialización de estas directivas.

España tiene un nivel tecnológico muy alto y se encuentra a la vanguardia de países europeos. Si bien el efecto de la falta de inversión en la red podría suponer una ralentización de este liderazgo. Es fundamental realizar desarrollos tecnológicos para los clientes españoles y apostar por el I+D para salir a competir en mercados exteriores.

Lo que está pasando actualmente es que se está desplegando toda la telegestión y después de eso, los fabricantes están a la expectativa de ver hacia dónde se dirige la innovación porque no hay una estrategia energética a largo plazo.

Mar Duque es directora general de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico (Afbel).

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Los fabricantes de transformadores eléctricos se oponen a una medida antidumping pedida por la patronal europea del acero

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Por Mar Duque, Presidente de Asamblea General de AFBEL, para LA CELOSÍA

Cerca de 3.000 empleos se perderían en España, según Mar Duque, directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos.

La industria española de los transformadores eléctricos hace lobby en Bruselas, junto a la patronal europea, para evitar los graves perjuicios que le acarrearía la adopción por la Comisión Europea de medidas antidumping contra la importación de acero eléctrico de grano orientado (GOES) que representa el 0,16% de la producción mundial de acero. El GOES se utiliza casi exclusivamente para la producción de transformadores y puede representar hasta 50% de su costo. Una queja por dumping de cuatro productores europeos de acero, a través de Eurofer, que denuncia importaciones de China, Japón, la República de Corea, Rusia y los Estados Unidos es investigada por la CE.  De ser aceptada causará un grave daño al sector.

“No hay ningún caso de antidumping. Los precios de las importaciones de fuera de la UE son mayores que las comunitarias. La única razón para importar es la falta de suministro en el mercado europeo”, asegura a La Celosía, Mar Duque Sanchidrián, directora general de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL). Como responsable de las negociaciones en Bruselas alerta que de aplicarse las medidas arancelarias, debido a la escasez de la materia prima, los transformadores fabricados en Europa serán más caros lo que los hace menos competitivos que los de fuera de la UE. Desde la patronal europea T&D Europe se oponen firmemente a la introducción de medidas antidumping que pondrían en peligro 30.000 puestos de trabajo cualificados en la UE. Unos 3.000 empleos (10%),  corresponderían a España, según confirma Mar Duque.

La industria de los transformadores (el parque español supera las 600.000 unidades) es particularmente dependiente de las importaciones de GOES. La utilización de este material contribuye a menores pérdidas de energía, menos ruido y un menor impacto ambiental. La introducción de medidas antidumping provocaría un aumento de hasta el 15% de los costes de producción del transformador. El aumento de los costos desencadenaría la relocalización de la producción a países fuera de la UE. Tanto desde AFBEL como desde T&D Europe alertan que las medidas antidumping dificultan la aplicación del Reglamento de Eco-Diseño de la UE para obtener transformadores más ecológicos. Con el fin de reducir el consumo de energía en la Unión Europea, esta normativa establece normas más estrictas para los aparatos eléctricos en busca de una mayor eficiencia.

Tras la denuncia del lobby del acero, hecha publica en agosto de 2014, la Comisión Europea aprobó en mayo pasado medias provisionales antidumping tras  llegar a la conclusión en esta etapa de la investigación que la industria de la Unión ha sufrido un perjuicio importante. La investigación entra en su fase definitiva el próximo tres de septiembre, y el veredicto final se conocerá en noviembre.

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